María José tenía 48 años y vivía junto con su hija Noemí, de 12 años, en Xilxes (Castellón). Estaba separada de su exmarido, Abdelkader, al que había denunciado en el año 2025 por someterla a un clima constante de control psicológico y violencia física. El resultado fue una condena por malos tratos hacia ella, y también hacia su hija, que, pese a todo, no le condujo a la cárcel.

Los tribunales simplemente impusieron al maltratador una medida cautelar consistente en tener prohibido acercarse a sus víctimas a menos de 300 metros de distancia, requisito que el condenado debía acatar hasta octubre de 2027, pero que no contaba con ninguna garantía de cumplimiento efectivo, ya que las autoridades consideraron que el riesgo para las víctimas era solo “medio”. En consecuencia, la buena voluntad de él era lo único a lo que María José y su hija podían agarrarse, y a absolutamente nada más, puesto que a él no se le puso ni pulsera telemática ni ningún control activo permanente para comprobar si cumplía o no con la orden de alejamiento.
A mediados de febrero de este año, Abdelkader entró en la vivienda de María José y Noemí y las degolló. Tras el crimen, se cubrió el rostro con una capucha y se fotografió junto a los cuerpos, imagen que envió a su propio móvil, así como al del jefe de la Policía Local de Xilxes. Acto seguido, fingió haber recibido ese mensaje de manera externa, lo que explicaría que estuviese en la casa, y escenificó una falsa desesperación para intentar atribuir los asesinatos a un supuesto ajuste de cuentas o a motivaciones racistas.
Abdelkader está pendiente de un juicio al que irá acusado de un doble crimen y de un quebrantamiento de condena, pero para María José y para Noemí ya es tarde. Ambas fueron víctimas de un ataque de extrema violencia que podía haberse evitado. Ni él debía haber tenido una condena inicial que le permitiera estar en la calle, ni las medidas cautelares que se le impusieron en la sentencia fueron suficientes. A María José y a su hija de 12 años les falló tanto la Justicia como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que no apreciaron un riesgo “alto” o “extremo”. A ambas les falló el Estado; les fallamos todas y todos como sociedad y como país.
Marisol tenía 51 años y era conductora de autobuses escolares. Estaba casada con Mariano, un guardia civil de 55 años a punto de pasar a la reserva, y la pareja tenía un hijo de 24 años, Alberto, que trabajaba en un taller mecánico. El pasado 16 de mayo, un compañero del cuerpo entró en la vivienda de la familia, en la casa cuartel de Dolores (Alicante), y se encontró frente a un doble crimen machista.
La disposición de los cuerpos reveló la crudeza del plan: a Marisol y a Alberto les pegaron un tiro con el arma de fuego reglamentaria mientras se encontraban en sus respectivas camas, víctimas de un ataque letal en un espacio que debía ser refugio de seguridad. Ella fue hallada en una habitación y el joven en otra. Metros más allá, en un pasillo y con un disparo en la cabeza, yacía el propio agente junto a su pistola.
En este caso no existían denuncias previas por violencia de género, lo que evidencia, una vez más, el peligro invisible que a menudo se esconde tras las puertas cerradas de los hogares, donde el sometimiento puede camuflarse bajo una fachada de aparente normalidad.

La violencia machista no entiende de uniformes, ni de profesiones, ni de edades, ni de entornos supuestamente seguros. La violencia de género opera en todas partes, a todas horas, y tiene mayoritariamente a mujeres e hijas e hijos como víctimas, y a hombres como verdugos. Por eso, esta realidad nos exige a la sociedad entera agudizar la mirada, abandonar la indiferencia y permanecer en máxima alerta ante cualquier mínima señal de control o violencia, convirtiendo la sospecha en un deber de protección y denuncia urgente.
Los dos casos, el de Xilxes y el de Dolores, convergen trágicamente en una misma y dolorosa conclusión: el Estado falló. En Xilxes, el fallo fue policial y judicial, puesto que se infravaloraron las señales de alarma. En Dolores, el error se escondió tras los muros de una casa cuartel, evidenciando que fallaron todos los mecanismos internos de evaluación de aptitudes psicofísicas y control de armas de los agentes encargados de velar por la seguridad pública. El Estado falló al no establecer mecanismos eficaces de supervisión y detección de conductas violentas o, dicho de otro modo, de la idoneidad de quienes ostentan el monopolio de la fuerza. Quién sabe si, además, también falló el entorno a través de un silencio corporativo.
Desgraciadamente, los crímenes de Xilxes y Dolores no son hechos aislados. Son solo dos casos entre las decenas de feminicidios que ocurren cada año en nuestro país. Según los registros del observatorio independiente Feminicidio.net, en 2026 se produjeron 47 feminicidios íntimos (mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja), 1 feminicidio por prostitución, 2 feminicidios infantiles (niñas asesinadas a manos de su padre maltratador), 7 feminicidios no íntimos (mujeres asesinadas tras una agresión sexual perpetrada por un desconocido), 17 feminicidios familiares (mujeres asesinadas por su padre, hermano, tío u otro familiar), 1 feminicidio por conexión (mujer asesinada por encontrarse en el mismo lugar donde el victimario atacó a la víctima), además de 3 asesinatos a menores varones por violencia vicaria y 1 asesinato a un varón en el contexto de la violencia de género.
Frente a esta persistencia criminal, al machismo de los tribunales, a la ceguera de los mandos y a la inacción de los poderes públicos, debemos continuar ofreciendo una respuesta colectiva de unidad y rechazo. Este 25 de noviembre volveremos a llenar las calles para gritar bien alto que basta ya, y recordar que nos queremos vivas, libres y sin miedo.







