Cuatro décadas después de su aprobación, la reforma que impulsó Ernest Lluch sigue siendo uno de los pilares del Estado del bienestar. La universalidad de la atención sanitaria, la financiación pública y la igualdad de acceso vuelven al centro del debate en un momento en el que el sistema afronta importantes desafíos.
La aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986 constituyó una de las mayores reformas sociales de la democracia española. La norma sentó las bases de un Sistema Nacional de Salud universal, financiado mediante impuestos y orientado a garantizar la atención sanitaria en condiciones de igualdad.
Cuarenta años después, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo organiza unas jornadas los días 19 y 20 de noviembre que ofrecen la oportunidad de valorar sus logros, identificar sus límites y debatir las transformaciones necesarias para afrontar el futuro.
Las jornadas de la UIMP cuentan con la colaboración de la Universitat de València y la Fundació Ernest Lluch. Intervienen en las mismas: Juan Luís Gandia, rector de la Universitat de València, Vicent Martínez, director de la UIMP-València, Carmen Leal, presidenta de la Reial Acadèmia Valenciana de Medicina (2018-2025), Salvador Peiró y Vicent Soler co-directores del curso.

El programa combina la perspectiva histórica con el análisis de los principales retos actuales: las listas de espera y la atención de bajo valor, el papel de la salud pública, la financiación autonómica, la crisis de recursos humanos y las desigualdades en salud que persisten pese a la ausencia formal de barreras de acceso.
El objetivo de los impulsores es promover una reflexión plural y rigurosa sobre la sostenibilidad, la equidad y la capacidad de respuesta del sistema. Más que conmemorar una reforma decisiva, las jornadas pretenden examinar qué cambios son necesarios y cuáles son políticamente posibles para avanzar hacia el cincuentenario del Sistema Nacional de Salud con un modelo público, cohesionado, eficiente y adaptado a las nuevas necesidades sociales y sanitarias.
El 25 de abril de 1986 marca una fecha fundamental en la historia de los servicios públicos en España. Aquel día, las Cortes Generales aprobaron la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, una norma que sentó las bases del actual Sistema Nacional de Salud y que tuvo en el entonces ministro de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch, a su principal impulsor político.
La reforma supuso un cambio profundo en la concepción de la asistencia sanitaria. España avanzaba desde un modelo vinculado fundamentalmente a las cotizaciones de la Seguridad Social hacia otro basado en la responsabilidad pública, la financiación mediante impuestos y la progresiva extensión de la cobertura sanitaria al conjunto de la población.
La ley también estableció un modelo descentralizado, con las comunidades autónomas como protagonistas de la organización y gestión de sus respectivos servicios de salud. Un proceso que culminó en 2002, cuando todas las autonomías asumieron las competencias sanitarias previstas.
Pero la aportación de Lluch no se limitó a la aprobación de una ley. Su proyecto de transformación contemplaba una nueva manera de entender la salud pública, reforzando la atención primaria, integrando las diferentes redes asistenciales y dando mayor importancia a la prevención y a la promoción de la salud.
Los centros de salud, la medicina familiar y comunitaria y la atención sanitaria próxima al ciudadano formaban parte de una transformación que pretendía superar un sistema excesivamente centrado en la asistencia hospitalaria.
Cuarenta años después, el legado de aquella reforma merece algo más que un acto conmemorativo. Obliga a preguntarse hasta qué punto se mantienen vivos los principios que la hicieron posible y si las administraciones están respondiendo a las necesidades de una sociedad muy diferente a la de 1986.
La universalidad sanitaria constituye probablemente la mayor conquista de aquella reforma. La posibilidad de acudir a un servicio público de salud con independencia de la situación económica o laboral representa uno de los elementos esenciales del Estado del bienestar. La sanidad dejó de entenderse exclusivamente como una prestación asociada al empleo para convertirse en un derecho que debía garantizarse desde los poderes públicos.
Sin embargo, el paso del tiempo ha puesto de manifiesto las dificultades para mantener aquel compromiso. Las listas de espera, la saturación de determinados servicios de atención primaria, la falta de profesionales, las desigualdades territoriales y los problemas de financiación dibujan un escenario que obliga a revisar el funcionamiento del sistema.
Entre los asuntos que se abordarán figuran las listas de espera, la atención de bajo valor, la financiación autonómica, las desigualdades en salud y la necesidad de avanzar hacia un sistema sanitario más eficiente y cohesionado.







