Un total de cinco fincas y 55 viviendas en la calle músico José Miguel Sánchez de Moncada que la Generalitat adquirió como solución habitacional asequible se caen a pedazos cada día que pasa. Hace pocas pocas semanas, la caída de cascotes por el abandono de una de las viviendas dañó gravemente a un vehículo estacionado en la calle con la fortuna que en ese momento no pasaba ningún peatón.
Estos cinco bloques se han convertido en las viviendas de la vergüenza de Moncada donde ninguna institución publica parece mostrar el más mínimo interés. Para colmo, esta semana se ha conocido el informe Indicadores Urbanos del INE según el cual el importe medio del arrendamiento en Moncada ha crecido un 65,9% entre 2013 y 2023 (el último año del que hay datos). Para entender la magnitud del incremento sólo es necesario compararlo con el aumento experimentado por el IPC en el mismo periodo: un 19,4%.
Hasta la fecha las respuestas al problema de la vivienda en Moncada, un mercado tensionado por la demanda habitacional para estudiantes, es mirar al otro lado. La secuencia es la siguiente: El Gobierno del Botànic compró las viviendas del Sareb como solución al problema de de Moncada. Año y medio después la Generalitat ya en manos del PP indicó que dichas viviendas serian destinadas a alquiler social no sólo para los ciudadanos de Moncada, sino para cualquier solicitante de la Comunitat Valenciana reafirmado su apuesta por el plan Vive. Hace varias semanas unos enormes cascotes se desplomaron sobre la calle.
Sería deseable y dado que la vivienda es el principal problemas de los jóvenes que los grupos políticos municipales, PSOE y Compromís desde el gobierno y PP, Vox y Ciudadanos en la oposición si realmente tienen interés en solucionar el problema de la vivienda en la Moncada se pongan las pilas y sean exigentes ante quien corresponda y sobre todo pongan solución a la bochornosa imagen de los pisos de la vergüenza. Si uno elige Moncada para estar, debe tener las garantías para poder vivir. Y quienes están en las instituciones publicas deben tener la sensibilidad suficiente y la obligación moral para exigir soluciones claras y sin rodeos: una vivienda digna (artículo 47 de la Constitución).
