La vicealcaldesa y concejala de Hacienda, Amparo Orts, ha defendido en un comunciado la gestión realizada por el gobierno municipal durante su primera legislatura como alcaldesa frente a las críticas vertidas por Ciudadanos sobre dos expedientes de expropiación rogada, y ha asegurado que «los datos demuestran que el Ayuntamiento actuó con responsabilidad y defendiendo el interés general, evitando un desembolso de más de cuatro millones de euros para las arcas municipales».
Los expedientes -señala el comunicado-, se remontan a noviembre de 2016, cuando la mercantil Cepisa Hogares presentó una solicitud de expropiación rogada de dos parcelas de 1.805 y 4.237 metros cuadrados, reclamando al Ayuntamiento un total de 6.740.927,28 euros. Dos meses después, en enero de 2017, la Generalitat Valenciana aprobó una disposición transitoria de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) que suspendía los plazos de las expropiaciones rogadas para los municipios de la Comunitat Valenciana. Como consecuencia de esa modificación legislativa, la tramitación quedó legalmente suspendida durante varios años.
Durante ese periodo, la mercantil presentó en 2019 una hoja de aprecio manteniendo su valoración inicial, que fue desestimada por el Ayuntamiento al continuar vigente la suspensión de plazos. Posteriormente, en 2021, interpuso un recurso contencioso administrativo que fue igualmente desestimado por los tribunales. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional 168/2023, que declaró inconstitucional la moratoria y permitió reactivar estos procedimientos, el Ayuntamiento presentó su hoja de aprecio ante el Jurado Provincial de Expropiación valorando los terrenos en 2.503.641,48 euros.
Finalmente, en febrero de 2025, el Jurado fijó el justiprecio definitivo en 2.723.839,34 euros, una cantidad muy próxima a la defendida por los servicios técnicos municipales. La diferencia entre la reclamación inicial de la propiedad y la cantidad finalmente fijada supone un ahorro de 4.017.087,94 euros para las arcas municipales.
«Algunos intentan centrar el debate en los intereses de demora y ocultan deliberadamente el dato realmente importante, que el Ayuntamiento recibió una reclamación de casi siete millones de euros y el órgano competente ha acabado fijando un justiprecio de 2,7 millones. Gracias al trabajo realizado durante aquellos años se evitó que los vecinos y vecinas de Moncada tuvieran que asumir un coste superior en más de cuatro millones de euros», ha señalado Amparo Orts.
La vicealcaldesa ha rechazado las acusaciones de inacción formuladas por Ciudadanos y ha recordado que la tramitación estuvo condicionada por una suspensión de plazos aprobada por la Generalitat y plenamente vigente hasta finales de 2023. «El Ayuntamiento actuó en todo momento conforme a la legalidad. No existía ninguna obligación de continuar la tramitación mientras la suspensión de los plazos estuvo en vigor y esa interpretación fue respaldada por los tribunales cuando la mercantil acudió a la vía judicial. Resulta irresponsable intentar hacer creer a la ciudadanía que hubo dejación de funciones cuando lo que hubo fue el cumplimiento estricto de la normativa», ha afirmado.
Respecto a los intereses de demora incluidos en la resolución, Orts ha explicado que se trata de un mecanismo previsto en la legislación de expropiación forzosa y ha lamentado que la oposición «utilice una parte del expediente para construir un relato falso, ignorando que la actuación del Ayuntamiento ha permitido reducir la reclamación inicial en más de cuatro millones de euros. La mejor prueba de que el Ayuntamiento defendió correctamente los intereses de Moncada es que el Jurado Provincial respaldó prácticamente la valoración realizada por nuestros técnicos. Esa diferencia de más de cuatro millones de euros no es casualidad; es el resultado de una gestión rigurosa, de la defensa del interés público y el trabajo realizado durante los años en los que tuve la responsabilidad de la Alcaldía», ha concluido.
