Este 6 de diciembre se cumplen 47 años de la aprobación de la Constitución de 1978, el texto que abrió las puertas de la democracia tras décadas de dictadura franquista y que, 47 años después, continúa siendo el pilar sobre el que se sostiene la convivencia, la libertad y los derechos ciudadanos. No es solo una fecha señalada, sino que es el recuerdo vivo de un país que decidió avanzar unido hacia un futuro de justicia, pluralidad y lo más importante, democracia.
Moncada votó mayoritariamente por el sí a la Constitución Española. De un censo de 11.355 electores el 90,9% (8.035) votaron afirmativamente a la nueva carta magna. Se contabilizaron 406 votos en contra de la nueva norma el 4,6% de los votantes, mientras que los votos blancos y nulos representaron el 3,2% y 1,3% respectivamente contabilizándose 290 votos blancos y 100 nulos. El número total de votantes que acudió a la urnas fue de 8.831 sobre un censo elector de 11.355 que dejó la participación en un 78%.
Con una participación del 67,11 % y un apoyo del 87,78 %, los españoles apostaron por el diálogo frente a la fractura y por la democracia frente el autoritarismo. Fue un pacto colectivo, fruto de un consenso inédito entre sensibilidades muy distintas para construir un país en libertad.
Su aprobación marcó el inicio del mayor periodo de estabilidad, progreso y ampliación de derechos de la historia reciente de España. Un proceso que, a pesar de más de un choque, se mantiene vigente, a pesar de las dudas de más de uno.
La Constitución Española de 1978 en su Articulo 20 establece y protege el derecho a la libertad de expresión y comunicación en nuestro país. «Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
Por su parte el Artículo 140 garantiza la existencia y funcionamiento de los Ayuntamientos como órganos de administración local en todos los municipios de España, así como la elección democrática de sus miembros, asegurando la participación activa de los ciudadanos en la gestión de sus comunidades.
